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Alexánder Marín Correa

El Espectador tuvo acceso a nuevos documentos, que ratifican inexplicables decisiones detrás del convenio para modernizar la línea de emergencia, como un informe interno de la Secretaría General del Distrito y una propuesta de la Policía.

A pesar del intento del alcalde Gustavo Petro de justificar las decisiones alrededor del convenio que firmaron en octubre pasado el Fondo de Vigilancia y la ETB para modernizar la línea de emergencia 123, siguen surgiendo dudas. El Espectador tuvo acceso a nuevos documentos, en los que se ratifica, una vez más, cómo el mandatario ha desconocido múltiples alertas sobre posibles irregularidades alrededor del convenio y advertencias sobre los posibles sobrecostos. Además, cómo ha desestimado ofertas que hubieran podido ahorrarle al Distrito muchos millones.

Entre centenares de documentos que soportan el proceso, hay uno que es diciente. Se trata de un oficio que le envió la Policía el ao pasado al Distrito, donde le ofreció instalar gratis el sistema con el que la institución opera las líneas de emergencia en casi todo el país, excepto Bogotá. El oficio de dos páginas se envió el 11 de junio de 2014 y fue recibido al día siguiente en la Secretaría Distrital de Gobierno, donde se le asignó el número de radicado 2014 551 019204 2. La carta llegó justo cuando el Distrito buscaba alternativas para garantizar la continuidad de la línea, ya que el convenio que en 2006 le dio vida estaba ad portas de vencerse.

El general Humberto Guatibonza Carreo, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, le envió un oficio a Alonso Hernán Silva Calderón, coordinador de la línea 123, en el que puso a disposición de la administración el aplicativo “Sistema de Seguimiento y Control de Atención de Casos (Secad)”. Según el documento, la plataforma se ajustaba a los requerimientos ciudadanos y procedimientos legales. “Es una herramienta desarrollada por la institución desde el 2002 y se ha implementado en todos los departamentos, menos en Bogotá”, explicó el oficial.

Para tratar de convencer a la administración de las ventajas del programa, el cual podría considerarse el más completo del país, le explicó al funcionario paso a paso todo lo que permitía, actividades suficientes para suplir las necesidades básicas de la línea 123. Por ejemplo, la de recibir, canalizar y despachar las llamadas de emergencia, hacerles seguimiento a cada una de ellas, grabar y consolidar información en una base de datos, con lo que se minimizaban las inconsistencias que para ese momento presentaba la línea en Bogotá.

Según el documento citado, el programa ofrecido también permitía la interconexión de los sistemas de datos de los organismos de emergencia y seguridad, la posibilidad de mostrar estadísticas con la atención de las llamadas, la integración con alarmas, botones de pánico, SMS, entre otros, y la integración de la información y las llamadas con procesos de cartografía para visualizar los diferentes medios que transmitieran su ubicación en tiempo real, entre otros beneficios.

A criterio de varios expertos en seguridad, lo que ofrecía la Policía era una buena base para arrancar con la modernización de la línea 123 que quería el Distrito. Y lo mejor: no le iba a costar un peso a la administración, contrario a los casi $1.800 millones que, según el alcalde Petro, paga el Distrito actualmente a la ETB por la operación de la línea. La carta decía que la aplicación tenía la ventaja de ser la más convergente en atención de casos de emergencia y seguridad, y permitía ser ajustada a cada una de las entidades que fueran a incluir en el proyecto. Es decir, en caso de adquirir nuevos módulos, sería fácil adaptarlos a la plataforma actual de la Policía de Bogotá.

En el párrafo final resaltaba: “El sistema será entregada por la institución a modo gratuito, factor diferenciador de gran importancia de acuerdo con el principio de eficacia y austeridad del gasto público. Lo anterior, con el fin de que se tenga en cuenta y se estudie la viabilidad de implementar este aplicativo en el número de emergencia, toda vez que se encuentra en proceso de renovación y reestructuración la nueva plataforma tecnológica”.

Según fuentes en el Fondo de Vigilancia y de la Secretaría Distrital de Gobierno, a pesar de que para ese momento el ofrecimiento fue bien visto por el mandatario distrital, semanas después descartó la oferta. Justo tres meses después, el Fondo de Vigilancia firmó con la ETB el hoy cuestionado convenio para la modernización de la línea 123, que le podría costar al erario alrededor de $300.000 millones.

El informe de la Secretaría

El episodio de la oferta de la Policía es uno más dentro de todo el rompecabezas detrás del escándalo por la modernización de la línea 123. Aunque el Distrito ha intentado desestimar las denuncias, incluso desacreditando informes internos de la administración y restando credibilidad a las advertencias de la interventoría y de la Contraloría, la realidad es que el panorama que plantean estos informes al menos amerita una revisión.

Por ejemplo, los informes de interventoría sealan falencias en el software instalado en la línea 123, así como la desactualización de la base de datos, cero avance en la mejora de la infraestructura de las sedes, cobro por equipos que no están funcionando o perdidos, como los de localización de vehículos o las terminales de datos (que permanecen guardadas), y en general, incumplimiento de los compromisos y del cronograma pactado.

Quizás, uno de los asuntos que más resistencia han causado es el sistema de geolocalización, que busca que cualquier llamada al 123 debe ser localizada en un máximo de 30 segundos, con una precisión de 50 metros, y que esa localización debe interactuar con la ubicación de las patrullas, ambulancias o ayuda más cercana, además de activar las cámaras de vigilancia cercanas. Esto es el componente principal de la modernización.

Sin embargo, mientras el Distrito insiste en la necesidad y que es vital para la modernización de la línea 123, la ETB ha pedido desde el comienzo que se elimine del convenio,
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a pesar de que se dijo que era un requisito clave. Ni el Fondo de Vigilancia ni la interventoría han accedido por ahora a esta petición, por tratarse de un elemento diferencial imposible de excluir del proyecto básico.

Este panorama es casi similar al que plantea un documento, entregado hace dos semanas (17 de julio de 2015) a la secretaria general Martha Lucía Zamora. El informe fue elaborado por su equipo asesor (integrado por expertos anticorrupción como Sandra Villa, Liliana Ortiz y Víctor Javier Velásquez) y es concluyente: “Este equipo asesor sugiere en forma respetuosa, de conformidad con el panorama fáctico y jurídico, estudiar la viabilidad de informar a las autoridades competentes las irregularidades enunciadas”.

Y aunque la propia secretaria Zamora le restó crédito al informe de sus asesores, sealando que quedó incompleto porque los funcionarios del Fondo de Vigilancia escondieron documentos, a grandes rasgos coincide con las advertencias que se encuentran en los informes de interventoría. Una de las principales conclusiones dice: “Como resultado del análisis, se puede concluir preliminarmente que la gestión en el proceso de contratación analizado no cumple los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad evaluados”.

Agrega que evidenciaron “irregularidades en el proceso precontractual, en relación con la necesidad de la contratación, estudios de mercado, estudios previos y su coherencia con las propuestas presentadas Varias de esas ausencias de controles, en desarrollo del convenio entre el Fondo y la ETB, conllevan al incumplimiento de manual de contratación. Asimismo, no se evidencian soportes relacionados con costos y gastos incurridos por el contratista en la ejecución de cada una de las actividades del objeto contractual”.

Frente a la crisis presentada en el fondo, la secretaria general, Martha Lucía Zamora, dijo que se ha desatado por una extraa interpretación del convenio, por parte de los funcionarios del Fondo de Vigilancia. “Yo quedé asombrada y les dije que esa interpretación no podía ser, porque era contraria a lo que disponía el convenio suscrito. En la rueda de prensa que ofreció el alcalde Petro esta semana para tratar de explicar las dudas, sealó que el costo mensual de la actual plataforma (que es la que funciona hace diez aos) es de $1.800 millones. Lo que no explicó fue que esa tarifa ha sido cuestionada tanto por la interventoría como por la Contraloría, que determinó posibles hallazgos fiscales por posibles cobros irregulares, al no hallar justificación sobre qué se está cobrando. Tras un análisis que hizo uno de los supervisores del convenio, a la factura de por casi $1.510 millones que presentó la empresa de telecomunicaciones, se le hizo una corrección y se concluyó que el pago por el servicio realmente prestado ascendía a $1.009 millones.

Para completar, el proyecto que se calculó a cinco aos, hoy no se tiene claro cuánto costará. Aunque el ao pasado se conocieron cotizaciones que oscilaban entre los $100.000 millones y los $170.000 millones (de empresas como Desca, ZTE, Itelca, Motorola, ESU, Hindra y ETB), la última cotización que hizo la empresa de telecomunicaciones ya asciende a los $300.000 millones. Y contrario a lo que dijo Petro en su rueda de prensa, en la que se indicó que esos precios eran porque no se contemplaba todo lo requerido ni el tiempo estimado, cada cotización las radicaron estas empresas con todo incluido.

Más allá de estas consideraciones y de las explicaciones de la secretaria Zamora, lo cierto es que las dudas no se disipan. Por ahora, todas las posibles irregularidades alrededor del convenio que firmó con la ETB para modernizar la línea de emergencia 123 y que provocaron crisis en el Fondo de Seguridad y Vigilancia (FSV), ya están en conocimiento de la Fiscalía. La administración dice públicamente que no tiene miedo, porque asegura tener cómo aclarar todas las dudas.

La prórroga al consorcio SIM

La Contraloría pidió a Fiscalía y Personería investigar la prórroga que la Secretaría de Movilidad hizo en 2014 de la concesión al consorcio SIM, encargado de registrar el parque automotor, conductores y tarjetas de operación. La concesión finaliza en 2016. SIM tenía historial de incumplimientos y, sin embargo, la prórroga se hizo hasta 2022, con un incremento del 149% del monto del contrato, que quedó tasado en $2 billones, a pesar de que por ley solo se permitía el 50%. Parte de la razón fue que SIM necesitaba recursos para una nueva bodega dónde almacenar el archivo documental. El estudio de justificación lo hizo el propio secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, lo que también generó dudas.

El concuado y la renegociación de contratos de TM

En mayo de 2013 el Distrito prorrogó por tres aos los contratos a las cinco empresas operadoras de las fases I y II de TransMilenio. Un ao después se conoció que un concuado del alcalde Gustavo Petro, Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, aparentemente incidió en la renegociación de esos contratos. El diario El Tiempo reveló que en una finca de Gutiérrez Robayo en Zipaquirá se llevó a cabo una serie de reuniones en las que participó, además de este, el entonces gerente de TransMilenio, Fernando Sanclemente, y en las que se habría cuadrado todo el proceso. Petro salió al paso y defendió la renegociación y la rebaja de tarifas en el sistema, al tiempo que aseguró que “no seré ejemplo de malas prácticas”.

Este escándalo estalló en octubre de 2014, cuando se conoció que Juan Carlos Alcocer, hermano de Verónica Alcocer (la esposa del alcalde), y Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, su concuado, integraban la junta directiva de la empresa Praga Servicios Inmobiliarios, que construye una urbanización cerca al humedal La Conejera. Los ambientalistas, en contra del proyecto por considerar que afectará el ecosistema, encontraron una razón más para criticarlo al constatar que estaba involucrada la familia política del mandatario. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, como alcalde ad hoc para este caso,
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concluyó que la licencia de construcción fue otorgada correctamente.