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07 de Octubre de 2013 Aumento de penalidad no disminuye la delincuencia Por Diego Renna Casco

Hasta ahora la criminolog no ha logrado probar que la pena de prisi sea m eficaz en generar m bajos niveles de reincidencia que otras sanciones. los a se ha llegado a un hallazgo muy interesante que podr denominarse de la indiferencia o de la alternancia de las sanciones

En la foto, reclusos del penal de Tacumb que viven en condiciones inhumanas y en total hacinamiento, problema que hasta ahora no se soluciona. / ABC Color

Introducci tendencia o el pensamiento de que con un aumento de la penalidad, disminuir la delincuencia est extremadamente lejos de la realidad. Falsedad o falta de verificaci de la ecuaci prisi = menos delito de la indiferencia o de la alternancia de las sanciones.

Sobre la presunta relaci prisi = menos delito el indicador cl para medir los efectos de la prisi ha sido el grado de reincidencia, medici sumamente dif por problemas metodol que por lo general invalidan los resultados de los estudios, o en el mejor de los casos hacen totalmente imposible extender las conclusiones m all del limitado universo al que se refieren; con lo que, hasta el momento, cient no se ha verificado la proposici de que la prisi reduce la reincidencia o el delito.

Sobre este tema, el Consejo Nacional de Investigaciones de los Estados Unidos reuni a un grupo de crimin para determinar si la investigaci criminol disponible garantizaba conclusiones de que los ofensores pod ser rehabilitados con y los resultados fueron que la mayor parte de la investigaci en la materia era metodol inapropiado y caracterizada por resultados d inconsistentes y fragmentarios. La conclusi final fue que los estudios existentes no garantizaban un conocimiento v sobre los posibles efectos rehabilitadores de la prisi los a se ha llegado a un hallazgo muy interesante que podr denominarse de la indiferencia o de la alternancia de las sanciones hallazgo surge como producto de los resultados coincidentes de las investigaciones de varios crimin en Estados Unidos y en Inglaterra, que si bien fue el caso de las investigaciones antes referidas no pueden llegar a verificar la mayor eficacia de la pena de prisi por sobre las penas no de prisi ni tampoco la hip contraria que afirma una mayor eficacia de las penas no de prisi por sobre esta, concluyen en que cualquiera que sea la naturaleza de la sanci aplicada (prisi efectiva, probaci programa con participaci de la comunidad, u otra), los resultados verificables de acuerdo con los niveles de reincidencia son los mismos.

Es decir, hasta el momento, la criminolog no ha logrado probar que la pena de prisi sea m eficaz en generar m bajos niveles de reincidencia que otras sanciones, ni tampoco ha logrado probar que otro tipo de penas genere dicho resultado.

Reducir o eliminar el delito mediante el aumento del uso de la pena de prisi una soluci imposible.

Esta explicaci podr ser innecesaria si se tiene en cuenta que dicho resultado no se ha verificado hasta el momento en ning lugar del mundo.

El estudio determin que el preso promedio en el estado ten en su haber la comisi de entre doce y trece delitos anuales, y que en 1987 hab 2.300 delincuentes adultos por orden judicial en las prisiones, sumando todos ellos un total de 28.750 delitos cometidos. Pero en ese a se cometieron en el Estado un total de 580.000 delitos graves ( con lo que, si se hubieran podido investigar con todos esos delitos y aplicar la pena de prisi al total de delincuentes, el Estado de Colorado habr multiplicado por veinte su n de penas de prisi Pero aunque esto hubiera sido posible, se hubiera multiplicado por veinte la poblaci penitenciaria el presupuesto del sistema penitenciario de adultos hubiera excedido al presupuesto anual de todo el estado! (Department of Public Safety 1988).

Con esto simplemente se pone de manifiesto la real imposibilidad de detener el delito exacerbando el uso de la pena de prisi Es necesario extender la mirada no solo a esta, sino a otro tipo de acciones.

Hay otro estudio, de investigadores de la Unidad de Investigaciones del Home Office del Reino Unido, sobre los posibles efectos disuasores de las penas dr de prisi muy digno de tenerse en cuenta. Como los investigadores lo dicen, se trata de una investigaci del g de las investigaciones destructoras de mitos, y est dirigido a la destrucci de un mito de fuerte vigencia en los pa de Am Latina en general.

Se dirige a determinar si las penas altas (dr o aplicadas a delincuentes j que han cometido delitos contra la propiedad con violencia sobre las personas tienen el efecto disuasor sobre otros potenciales delincuentes (efecto de general que se espera de ellas. Los investigadores registraron la frecuencia semanal de estos delitos durante dos a (1972 1973) en las ciudades de Birmingham, Manchester y Liverpool, y observaron en particular si dicha frecuencia variaba (se supon que habr de disminuir) en las semanas posteriores a la aplicaci de las sentencias y a su divulgaci a trav de los medios de comunicaciones de masas, y encontraron que ninguna de las policiales estudiadas la sentencia tuvo dicho resultado sobre el n de robos registrados (Baxter 1992).

La privaci de libertad, una soluci insuficiente.

Que la prisi es una soluci ineficiente lo revela la relaci entre el costo de esta y el de otras penas posibles no de prisi (relaci de 5:1 en favor de estas ineficacia de la pena de prisi surge un razonamiento del mayor peso para planificadores y economistas, sobre todo de sociedades v de desarrollo con recursos escasos. Si los resultados de las diversas penas son los mismos, pero los costos no, lo aconsejable es optar por lo m eficiente, que es lo menos caro,
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tanto desde el punto de vista econ como desde el de sus costos sociales: recurrir a la pena de prisi en la menor medida posible, y utilizar en cambio todo tipo de alternativas a esta. M a procurar resolver por otras v diversas del sistema de justicia penal, el mayor n posible de conflictos sociales.

qu castigar en forma tan severa y violenta a personas de los sectores m vulnerables y d de la sociedad, si podemos resolver los conflictos de otro modo (lo que no implica necesariamente excluir la posibilidad de una eventual sanci penal)?

Necesidad de un programa de pol criminal

Podemos concluir que desequilibrar el sistema de justicia penal aumentando solo la polic o multiplicar irracionalmente el n de presos son dos que no solucionan la criminalidad y que, en cambio, contribuyen a aumentarla y a aumentar la violencia social en un pa que, comparativamente, no tiene altos niveles de criminalidad y violencia.

Hemos visto que s existen figuras delictivas que acusan aumento y tambi situaciones de violencia que, aunque comparativamente menores que las que se observan en otros pa hay que reducir y evitar que se multipliquen adoptando las medidas apropiadas, y evitando adoptar criterios pol inmediatistas, o simplemente por informaci equivocada medidas que contribuyan a magnificar el fen y a elevar los niveles de violencia.

Razones como las se hicieron que desde hace al menos dos d especialistas e importantes foros se refirieran con preocupaci a la falta de coherencia del sistema de justicia penal. As por ejemplo el Comit Europeo sobre Problemas de la Criminalidad, y las Naciones Unidas, ambos con las mismas palabras, se que: de los problemas es que se da por sentado que esta estructura compleja (el sistema de justicia penal) realmente funciona como sistema, que los diversos subsistemas comparten una cantidad de objetivos comunes, que se relacionan unos con otros en forma consistente y que la interrelaci constituye la particular estructura del sistema, permiti funcionar como un todo con cierto grado de continuidad y dentro de ciertas limitaciones.

Sin embargo, en pa donde investigadores y pol encararon un estudio cr de la estructura de sus sistemas de justicia penal, encontraron que hay pocos objetivos comunes, que hay una difusi considerable de obligaciones y responsabilidades, poca o ninguna coordinaci entre los subsistemas y que, a menudo, hay diferencias con respecto al rol de cada parte del sistema. En suma, se verific una grave falta de cohesi dentro de los sistemas. A as cuando la gente se refiere al sistema de justicia penal como un todo, impl o expl presume que funciona bien y que est controlado eficazmente. Tambi supone que es un sistema orientado hacia objetivos que corresponden a necesidades de la comunidad bien claro que la funcionalidad del sistema de justicia penal tiene poco que ver con los objetivos manifiestos expresados en las constituciones nacionales, en las leyes penales y procesales penales, y en los est establecidos en los instrumentos internacionales; m bien, suele ser por completo antag con ellos. Sin embargo, no puede negarse que se trata de un sistema funciona aunque su operatividad cumpla funciones que no son las manifiestas y que toda la evidencia indique que lo hace como una m trituradora de seres humanos y multiplicadora de los conflictos que le llegan para su resoluci (Maier 1993; Binder 1993).

En verdad, y no obstante los resultados de su accionar, el sistema de justicia penal se adecua perfectamente a la definici de sistema y re todos los requisitos que caracterizan a estos, habiendo cumplido especialmente bien con el requisito de home o equilibrio din que le ha permitido la existencia en su forma actual sin alteraciones substanciales.

El sistema de justicia penal, por su propia naturaleza y forma de funcionamiento, es injusto desde el punto de vista sociol pues sanciona en forma desproporcionada en mayor n a quienes est ubicados en los sectores sociales de menor poder. Esta selectividad estructural ha sido motivo de numerosa investigaci criminol en las d y verificada especialmente en relaci con la defensa; en relaci con la pena de prisi (la casi totalidad de los presos pertenece a los estratos m bajos de la poblaci y en relaci con la pena de muerte (aplicada en forma diferenciada, en los pa que la poseen,
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en perjuicio de minor y sectores de menor poder social en general).

La selectividad de los sistemas de justicia penal se manifiesta en relaci con: a) las personas que son investigadas y sancionadas ( como delincuentes o y b) los delitos que son motivo de investigaci y sanci (y los que no lo son).