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AYUTLA, Gro._ Un País con un sistema de procuración de justicia colapsado, con corporaciones infiltradas por el crimen organizado y con zonas indígenas militarizadas, es lo que ve en el México de hoy Abel Barrera Hernández, director de la organización Tlachinollan, y quien recibirá el próximo 27 de mayo el Premio de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

El activista nacido en 1960 en Tlapa de Comonfort, Guerrero, dice que la guerra contra las drogas se ha traducido en un “combate contra los pobres”, y se ha criminalizado la pobreza.

En entrevista concedida al equipo de la fundación, Abel Barrera explica que la justicia mexicana tiene cara occidental, porque la gente de los pueblos “tiene que bajar horas desde las montaas, enfrentarse a no hablar espaol y a no tener acceso a las autoridades”.

La organización Tlachinollan nació en 1994 y busca apoyar el movimiento indígena mediante el diálogo y el trabajo de derechos humanos en la región de la Montaa de Guerrero, una de las zonas con mayor presencia étnica.

Entre las luchas que ha encabezado el director de Tlachinollan junto con su equipo de má s de 30 personas, entre abogados e investigadores, es apoyar a los que se oponen a la construcción de la hidroeléctrico La Parota, impulsar la liberación de 18 indígenas mixtecos de Ayutla y luchar contra la trata de blancas y la venta de infantes.

También ha apoyado en la defensa de mujeres indígenas que han sufrido violaciones por parte de militares.

También ha exigido al Congreso del estado la creación de una fiscalía especial para las investigaciones del asesinato de los dirigentes mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.

Dedica premio a “los olvidados”

Abel Barrera Hernández dedica el premio que le otorgará AI en Alemania a los que han sufrido en carne propia la tortura, amenazas, y a aquellos que viven en la región de la montaa, olvidados todos ellos son “los héroes de los derechos humanos”.

“En este filo entre la vida y la muerte por tanto olvido, siento que son ellos los que realmente están en este reconocimiento y son los que le dan la fuerza y el impulso a este premio, y quiero compartir lo que ellos han labrado a lo largo de estos aos”, seala.

El activista que estudió teología y filosofía en un seminario en la Ciudad de México, recuerda que fue en junio 1994 cuando se fundó el centro a raíz del levantamiento armado que se dio en Chiapas, y respondió a una necesidad de cómo hacer valer los derechos en la región pobre de la Montaa y acabar con el maltrato a los indígenas.

Revela que cuando Tlachinolla surgió en 1994 también hubo una efervescencia de grupos guerrilleros en zonas indígenas, lo que originó el trato injusto y discriminante por parte del poder; desde entonces, dice, se empezaron a documentar casos de tortura de maestros por parte del Ejército, que los relacionaban con el grupo armado Ejército Popular Revolucionario.

“Desde su inicio, al organismo Tlachinollan ha sido relacionado como un brazo civil de los grupos armados, y en 1994 aparece un documento donde decían que dentro de la iglesia se promovía la lucha, y nombran a cuatro sacerdotes y me ponen a mi como ex sacerdote, como miembros del consejo guerrerense 500 aos de resistencia Desde ese nacimiento siempre recalcamos al Gobierno de que estamos respondiendo a otro tipo de intereses”.

Abel Barrera,
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quien también ha sido víctima de amenazas por defender los derechos humanos de los indígenas, comenta que Tlachinollan ha asumido un compromiso más allá, y ha ido cubriendo con su trabajo ese vacío que se ha generado por parte del estado.

Barrera Hernández asegura contar con 16 informes que dan cuenta de lo que ha sucedido en el estado en violación a derechos humanos, y ha documentado la descomposición social que preveían hace 16 aos.

En ese sentido, menciona que el sistema de justicia se ha colapsado, que las corporaciones están infiltradas por la delincuencia, y no hay un poder civil que contenga el poder militar impune. La guerra contra las drogas “se ha traducido en una guerra contra los pobres y se ha criminalizado la pobreza”.

Lo peor de todo, agrega, es que además del empobrecimiento, se han militarizado las regiones y los defensores de los derechos humanos están catalogados como persona non gratas al gobierno por el hecho de denunciar algunas arbitrariedades.

“Se nos ha dicho que le hacemos el juego sucio a la delincuencia organizada por el hecho de sealar los abusos del Ejército Estamos ante una crisis y ahorita a los 17 aos (de Tlachinolla), consideramos que estamos en más riesgos de cuando iniciamos”.

Abel Barrera refiere que la justicia tiene cara occidental, porque para la gente que llegaba a pedir justicia en la región de la Montaa significa bajar tres horas, no entender el idioma y, en resumen, vivir un viacrucis.

Recuerda el caso de las indígenas de Inés y Valentina, quienes lograron encontrar en Tlachinollan una mano amiga para compartir su dolor, miedo y amenazas por haber denunciado a los miembros del Ejército que abusaron sexualmente de ellas.

“Amnistía Internacional ha ayudado a visualizar los casos, nuestras fuerzas no son tan grandes para que lo que sucede en el municipio de Ayutla pudiera escucharse con amnistía, y la construcción de redes como lo hacen ellos que han puesto sus ojos, labios, corazón y levantar la voz como lo hicieron Inés y Valentina para exigir justicia, y derrumbar el muro de impunidad”, afirma.

Abel Barrera comenta que el financiamiento de Tlachinollan proviene de agencias que trabajan en Europa, Estados Unidos y Espaa.

Considera que en México y Guerrero no existen las garantías para que los defensores de los derechos humanos lleven a cabo su trabajo con la tranquilidad que se debiera, a pesar de que en el ao 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a 107 defensores y defensoras el riesgo todavía continúa.

El activista menciona que él en 2001 sufrió diversas amenazas y solicitó que se investigaran, pero las autoridades nunca pudieron establecer quiénes fueron los responsables de los amagos; después de eso recibió medidas cautelares por dos aos por parte de la Procuraduría de Justicia estatal.

En 2009, cuando asesinaron a los defensores de derechos humanos Raúl Lucas y Manuel Ponce, Tlachinollan tuvo que cerrar las oficinas en Ayutla por falta de garantías y a la fecha siguen así, ya que existe el temor de que pueda haber una agresión.

“Ni con las órdenes de la Corte Interamericana han podido cumplir cabalmente la seguridad para los defensores de derechos humanos, porque no hay un compromiso claro del Gobierno mexicano para respetar y, ante todo, garantizar la vida e integridad física de las defensoras y los defensores”,
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